Hacemos de conocimiento público una situación que nos llena de indignación y profunda preocupación: en la comunidad de El Cajón, ubicada en el distrito de Los Ángeles, cantón de Grecia, se ha detectado un botadero de basura a cielo abierto, que representa no solo una violación flagrante al ordenamiento legal costarricense, sino una amenaza directa contra el derecho humano al agua, la salud de la población, la biodiversidad y la integridad de los suelos y acuíferos.

Este sitio, enclavado en una zona de recarga acuífera prioritaria en las faldas del Volcán Poás, ha sido utilizado como un vertedero de residuos a cielo abierto. Las fotografías recientes evidencian cómo se están lanzando residuos sólidos sobre una ladera de pendiente pronunciada, sin ningún tipo de control técnico ni sanitario. La gravedad de esta situación es mayúscula: los lixiviados podrían estar infiltrándose hacia el subsuelo, contaminando fuentes de agua que abastecen a comunidades más abajo, mientras proliferan vectores, malos olores y riesgos geotécnicos por la inestabilidad del terreno, tal y como se vivió en octubre del año pasado.

Cabe recordar que el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y este principio ha sido reforzado por la Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley N.º 8839), la Ley General de Salud (N.º 5395) y la Ley Orgánica del Ambiente (N.º 7554). Estas leyes prohíben expresamente el manejo inadecuado de residuos y ordenan a las municipalidades y al Ministerio de Salud a prevenir, sancionar y corregir prácticas que pongan en riesgo la salud pública o el ambiente.

La Ley 8839, en su artículo 8 inciso e), obliga a las municipalidades a evitar y eliminar los botaderos a cielo abierto, y a garantizar un manejo responsable de los residuos. Además, el la Ley de Aguas (N.º 276) establece la prohibición de actividades contaminantes en zonas de recarga acuífera. La omisión de las autoridades, en este caso, podría constituir una falta grave a sus deberes legales y éticos, y eventualmente dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales.

Hacemos un llamado firme y categórico a:

1. La Municipalidad de Grecia, para que intervenga de inmediato, cierre el botadero, exija la remediación del daño ambiental y rinda cuentas públicas sobre las acciones tomadas.
2. Al Ministerio de Salud, para que cumpla su rol como ente rector en materia sanitaria y actúe conforme a los protocolos establecidos para sitios de disposición ilegal de residuos.
3. El MINAE y la Dirección de Aguas, para que verifiquen el impacto en los acuíferos y activen los mecanismos de protección y vigilancia ambiental.
4. La Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, para que abran investigaciones sobre el posible incumplimiento de deberes por parte de los entes responsables.

No es aceptable que, en pleno siglo XXI y bajo un discurso institucional de sostenibilidad y compromiso ambiental, aún tengamos que denunciar prácticas tan rudimentarias y peligrosas como esta. La comunidad de El Cajón y todas las personas que dependen de esas fuentes de agua merecen respeto, transparencia y acción inmediata.

Última actualización: 24/07/2025